El año 2016 el pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención administrativa sobre usos del suelo y edificación: licencias urbanísticas y comunicaciones previas.

El COAC interpuso recurso contencioso administrativo defendiendo que la interpretación y regulación que hacía la Ordenanza alteraba, contradecía y vulneraba la Ley de Ordenación de la Edificación. En concreto, en el artículo 2.2. de la Ordenanza municipal se pretendía precisar, a través de la aplicación numérica de porcentajes, superficies o volúmenes, los conceptos de construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica y el de alteración de la configuración arquitectónica que la LOE utiliza para determinar cuando es necesario proyecto técnico. Además, en determinadas intervenciones se eliminaba el requerimiento necesario de proyecto firmado por técnico competente.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos ha dado la razón y ha acordado la nulidad de los artículos 8.2, 47.1 y 47.2 de la Ordenanza. La sentencia supone, por un lado, el reconocimiento de las atribuciones profesionales de los arquitectos y la protección de las personas usuarias y consumidores de los servicios profesionales y, de la otra, la constatación que los entes municipales no pueden extralimitarse en sus competencias. 

La sentencia no es firme, dado que el Ayuntamiento aún puede recorrer, en el plazo de un mes, al Tribunal Supremo. 

Consulta el texto completo de la sentencia del TSJC.